Resumen: Se sostiene que no consta probado que la modificación de condiciones de trabajo notificada al trabajador ocasione un perjuicio relevante al mismo, ya que no alcanza al 8%, además de que nunca se llevó a efecto, por lo que no pudo ocasionarle perjuicio efectivo alguno. Sin embargo, de acuerdo con el inmodificado relato fáctico, la reducción de jornada que la empresa pretendía imponer al actor alcanzaba el porcentaje del 26,07% y no, como sostiene la parte recurrente, un 7,94%. Como antes se indica, la valoración judicial de la prueba lleva al Magistrado de instancia a considerar acreditado este concreto extremo, que además adquiere una singular relevancia de cara a la consideración de la efectiva causación del perjuicio especialmente grave que la jurisprudencia exige para activar el mecanismo resolutorio del artículo 41.3 ET. Desde luego, se entiende que una reducción de jornada que alcanza un porcentaje superior al 20% y que, lógicamente, lleva aparejada la correlativa reducción salarial, genera un evidente y claro perjuicio grave para el trabajador y es susceptible de habilitar al mismo para obtener la resolución indemnizada de su contrato de trabajo, tal como la sentencia de instancia declara. Situados en estos términos, debemos concluir que estamos ante una modificación de condiciones de trabajo que merece la consideración de sustancial.
Resumen: El que demandante , administrador único de una sociedad, suscribió en su dia un contrato de servicios con la empresa demandada quien pasados unos años le comunicó que prescindía de sus servicios rescindiendo el contrato. Impugna el actor tal comunicación por considerar que lo que se ha producido es un despido y que la sociedad de la que el es administrador único es una sociedad fraudulenta e interpuesta y que realmente lo que existe es una relación laboral entre él y la empresa demandada. Por el Juzgado de lo Social se aprecia la excepción de incompetencia de jurisdicción. Recurre en Suplicación el demandante , recurso que es desestimado , entendiendo la Sala que lo que existe es un contrato mercantil entre dos sociedades y que el actor lo que no puede argumentar es que la sociedad de la que el es administrador único es una sociedad ficticia , pues él seria el responsable de tal fraude. Y en segundo lugar que el actor no ha probado que concurran los requisitos de dependencia y ajenidad que son determinantes para apreciar la existencia de una relación laboral.
